Viernes, Enero 20, 2017
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Causas y Consecuencias



Por Martín Pollera y Mauro Alvarez *

Uno de los principales temas de la agenda argentina es la inflación. Sin embargo, generalmente se presenta al fenómeno desde una lógica oportunista y coyuntural, sin dar lugar a una discusión profunda que aborde sus causas estructurales. Vale realizar un análisis más acabado del tema, circunscribiendo la problemática al contexto local, y estableciendo una diferenciación entre las causas y las soluciones propuestas desde distintas visiones.

 

En primer lugar, se debe señalar que la elección del modelo de crecimiento representa una definición política e ideológica, donde el camino elegido puede generar en mayor o menor medida tensión sobre los precios.

Existen países cuyo crecimiento se explica a partir de la producción de bienes manufacturados que resultan competitivos en base a salarios bajos, como los del continente asiático, y otros que crecen a través de las exportaciones de bienes primarios, cuya producción, especializada y concentrada en pocos bienes, emplea poca mano de obra en relación con el valor de la producción, como el caso de Chile y otros países de América latina, que han primarizado su producción.

Ambos modelos presentan un denominador común: reducen las presiones inflacionarias, aunque excluyendo a la mayoría de su población de los beneficios del crecimiento, a través de salarios de subsistencia en el primero y de desempleo en el segundo.

En contraste, en 2003 el Gobierno tomó la decisión de cambiar el modelo de valorización financiera impuesto por la dictadura militar en 1976, y profundizado en la década del ’90, por un modelo industrial, basado en el empleo y en el fortalecimiento del mercado interno, a través del aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios. Por esa decisión, Argentina acumula diez años consecutivos de expansión, con significativas caídas en los índices de desempleo y pobreza y con mejoras sustanciales en la distribución del ingreso, aunque con implicancias sobre los precios.

En segundo lugar, es necesario identificar cuáles son los desequilibrios que genera la inflación, de forma de dimensionar su gravedad. Sin ser exhaustivos, la distorsión en las señales de precios, la inequidad distributiva y la pérdida de poder adquisitivo son algunas de las consecuencias negativas de la inflación.

En primer término, estos desequilibrios provocan ineficiencias, debido a que uno de los motores del sistema capitalista son los incentivos (a producir, consumir, ahorrar e invertir) que generan los precios. En un contexto inflacionario, el movimiento constante de precios dificulta la toma de decisiones. En segundo término, la inequidad se genera entre aquellos que pueden protegerse mejor de la inflación (con activos financieros, con mayor poder de negociación de salarios o de fijación de precios) respecto de los que no.

Por último, si los aumentos de precios son mayores a los aumentos en los salarios, disminuye el poder adquisitivo.

Los tres problemas se magnifican a medida que aumenta la inflación. En este sentido, la tasa de inflación actual se encuentra por debajo de los niveles históricos para Argentina, sin que se aprecien señales de aceleración. Las tasas de los últimos años se mantienen en alrededor del 10 por ciento según el Indec, y entre 20 y 25 por ciento para las consultoras privadas, mientras que entre 1971 y 1980 la inflación fue del 142 por ciento promedio anual, y entre 1981 y 1990 ascendió a una media anual del 805 por ciento.

Respecto del poder de compra, resulta importante destacar las políticas implementadas por el Gobierno en relación con la reinstalación de las paritarias, las actualizaciones automáticas de las jubilaciones y el ajuste anual del Salario Mínimo Vital y Móvil.

En ese sentido, el cuadro que acompaña el artículo (ver aparte) dimensiona la relación entre la suba de precios de algunos productos básicos y los ingresos de los deciles más bajos.

En la misma línea, el salario real de los trabajadores privados registrados se incrementó 230 por ciento en los últimos diez años, mientras que para los no registrados mejoró 260 por ciento. En ambos casos, más que triplican la cantidad de bienes y servicios que podían adquirir en 2003. Incluso si se utilizara el IPC “Congreso”, dichos salarios reales aumentaron 60 y 73 por ciento, respectivamente.

 

Causas

 

Desde la ortodoxia se sostiene que el gasto público elevado, sumado a una continua emisión monetaria para atender ese nivel de gasto, crean un aumento de la demanda ante el cual la oferta no puede responder ofreciendo mayores unidades, por lo que sube sus precios. Entonces, recomienda “enfriar” la economía a través de la reducción del gasto y/o desacelerando la emisión. Lo que no se advierte, o al menos no se menciona, es que esas políticas moderan el crecimiento económico y la creación de empleos, ocasionando un costo mayor al beneficio que brinda la estabilidad de precios.

Además, pasa por alto el hecho de que la emisión no es una variable totalmente exógena, sino que está fuertemente ligada al nivel de actividad. Más precisamente, si el circulante no acompaña el nivel de expansión, la escasez de medios de pago terminaría estrangulando al crecimiento. Asimismo, el mismo proceso inflacionario genera la necesidad de tener más billetes en circulación para poder realizar una misma cantidad de transacciones a un precio mayor.

Lejos de estas visiones reduccionistas, vale precisar el carácter multicausal del fenómeno inflacionario. En el caso argentino, se distinguen las siguientes:

- Un proceso económico de fuerte y sostenida expansión con inclusión reduce los niveles de desempleo y, concomitantemente, aumenta el salario real. La apertura de paritarias derivó en el natural proceso de acción-reacción entre empresarios (precios) y asalariados (sueldos), conocido como puja distributiva, en el cual cada parte intenta mejorar, o bien mantener, el tamaño de la porción que obtiene en la distribución de la riqueza generada.

- Los procesos de expansión económica que se registran en estructuras productivas desequilibradas, como la argentina, suelen disparar problemas de restricción externa (falta de divisas) por el incremento de la demanda de bienes de capital e insumos importados. El fenómeno genera la necesidad de ajustar el tipo de cambio (depreciación) para evitar la merma en el ingreso neto de divisas, provocando aumentos de precios en los bienes transables consumidos localmente.

- Aumento del precio internacional de los commodities, en particular de la soja. Más allá de que este producto no es ampliamente consumido internamente, su alta rentabilidad provoca disminución en la oferta de otros productos primarios (los sustituye o desplaza a zonas menos fértiles) y genera aumentos en los costos de la producción agropecuaria (alquiler de campos, fertilizantes, servicios). Menor oferta y mayores costos generan aumentos de precios (el trigo es un ejemplo muy claro).

- Una estructura de mercado concentrada que permite, por un lado, establecer precios disociados de los costos de producción, y por el otro, responder a los aumentos de demanda a través de subas de precios, sin que ello implique una pérdida significativa en su participación de mercado.

 

Solución

 

La inflación no es “el problema” de la economía argentina, sino la consecuencia de su estructura económica desequilibrada. Por ello, las políticas para bajarla deben avanzar sobre sus causas estructurales, sin afectar la actividad económica, el empleo y la redistribución del ingreso.

Reducir el gasto público y la emisión monetaria significaría un menor nivel de actividad y, consecuentemente, un incremento en la tasa de desocupación. Además, lejos de atacar las verdaderas causas estructurales de la inflación, se maquillaría el problema, generando graves consecuencias sociales y productivas.

Asumir que la emisión monetaria explica per se los aumentos de precios conduce necesariamente a suponer que la inflación no se constituye como un fenómeno complejo, pues una mera reducción de la tasa de creación de dinero resolvería el dilema de los precios.

Las recurrentes crisis del pasado provocaron que la clase empresaria no pudiera concentrarse sobre el eje fundamental para desarrollar grandes emprendimientos: la visión del largo plazo. La inestabilidad permanente hacía imposible pensar más allá del futuro inmediato y obligaba al empresariado a actuar defensivamente, adaptando el nivel de producción a la demanda del momento en función de la capacidad instalada existente, en lugar de responder a través de inversiones que optimicen la escala de la planta. A pesar del fuerte proceso de expansión económica de la última década, esta lógica de comportamiento aún persiste.

El crecimiento económico con inclusión social registrado en los últimos diez años trajo aparejado un fuerte proceso de redistribución del ingreso, que desató pujas distributivas entre asalariados y empresarios. Ello, en el marco de una estructura económica desequilibrada y concentrada (con marcados oligopolios en distintos sectores), generó que las empresas, con el objetivo de sostener o inclusive aumentar sus ganancias, ajustaran sus precios en forma sostenida.

En consecuencia, la solución estructural a la inflación requiere, por un lado, de políticas estables que continúen fortaleciendo el mercado interno y, por el otro, aumentar y mejorar la inversión pública (especialmente en infraestructura asociada a la producción), que permita mejorar la competitividad. Ambas acciones provocarían que la inversión privada aumentara, robusteciendo el tejido productivo. En tal sentido, las políticas de integración nacional y sustitución de importaciones implementadas por el gobierno nacional resultan pilares fundamentales para sortear los “cuellos de botella” que se presentan, pues promueven la creación de empleo, desacoplan los precios locales de los internacionales y consolidan una matriz productiva más sustentable, diversificada y competitiva. Sin embargo, todavía no se ha logrado recomponer algunos “eslabones perdidos” en las cadenas productivas, y aún quedan materias pendientes en infraestructura (transporte, energía).

En definitiva, la consolidación de un modelo de crecimiento con inclusión social requiere continuar articulando políticas públicas que defiendan las conquistas sociales obtenidas, pero que principalmente avancen sobre aquellas demandas que aún están pendientes.

* Economistas, Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad (Cepes).